Cámaras de vigilancia en escuelas porteñas

Las posturas del Gobierno de la Ciudad resultan contradictorias. En este sentido, desde el Ministerio de Educación informaron -en el expediente- que los servicios de vigilancia deben ser prestados las 24 horas y que se establecerán en la periferia. Pero al mismo tiempo indican que las cámaras sólo funcionarán «fuera del horario escolar» y que serán ubicadas puertas afuera. En la misma senda, el Ministro de Educación, Esteban Bullrich promete que las cámaras no serán puestas dentro de los establecimientos educativos, pero el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, confiesa que sí serán instaladas al interior de los mismos.

Sin embargo, la sentencia de la jueza advierte que la delimitación de todos los aspectos que resguardarán el derecho a la intimidad de los niños «debió haber sido materia de una circular hacia los oferentes en la oportunidad pertinente», es decir, al momento de hacer la licitación. Al no existir restricciones de ningún tipo, las cámaras pueden ser instaladas dentro de los establecimientos y sus imágenes pueden -incluso- ser derivadas a diversos medios de divulgación masiva, además de ser monitoreadas por personal de empresas de seguridad privada y por la propia Policía Metropolitana.

El Gobierno de la Ciudad nunca indicó, en la licitación correspondiente, las limitaciones señaladas, posibilitando la vulneración del derecho a la intimidad de los chicos, hecho que genera los siguientes interrogantes:

Por otra parte, el fallo también hace hincapié en la falta de criterio para la distribución de las cámaras. Resulta «sugestivo», señala la Jueza. Coincidimos con la Jueza, ya que se dispone el monitoreo en 17 Escuelas Medias, de las cuales 12 han tenido participación de alumnos, docentes e integrantes de la comunidad educativa participando en los reclamos conocidos como «tomas» peticionando por becas, mejoras en infraestructura, o en contra de la implementación de listas negras.

Por último, resaltamos que el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) se pronuncia a favor de todas aquellas medidas que impliquen el cumplimiento del derecho a la seguridad de los habitantes de la Ciudad. Eso sí, no van a consentir que ello implique medidas desproporcionadas o irrazonables que avasallen derechos tan sensibles como la intimidad de los niños.