Publicado: 26 / 08 /2010

Dejar sin efecto

(Ciudad)

La Justicia ordenó al gobierno porteño «dejar sin efecto» el memorándum que el Ministerio de Educación había enviado a las escuelas el 19 de este mes para pedir que se identificara con nombre y apellido a los alumnos que participaran en las tomas e incluso denunciarlos ante la policía.

En un duro fallo, la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado N° 4 en lo Contencioso y Administrativo de la ciudad, calificó esa orden como una decisión «gravísima desde el punto de vista de los valores democráticos», que viola «los derechos y garantías que la Constitución de la ciudad reconoce y garantiza a los estudiantes» y revela «la evidente incapacidad de las autoridades educativas porteñas para actuar ante un conflicto en la comunidad educativa estatal».

La jueza hizo lugar así a una acción de amparo presentada el miércoles pasado por el legislador porteño de la oposición Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), con el apoyo de la UTE-Ctera y de otros legisladores, como Francisco Nenna, María José Lubertino y María Elena Naddeo.

Para la jueza, asentar los nombres de los estudiantes que participan de las tomas «tiende a conformar una verdadera «lista negra»», una decisión «impropia e inaceptable en un Estado de Derecho». Liberatori es parte de un grupo de jueces que con sus fallos vienen impugnando distintas decisiones del gobierno de Mauricio Macri. Entre ellas, en 2008 Liberatori le ordenó reincorporar a 2400 empleados cesanteados y frenó la intervención a la obra social de los estatales porteños.

El polémico memorándum se transformó en otro de los ejes del conflicto entre estudiantes y autoridades. Hace dos días, el ministro Bullrich se había comprometido ante los estudiantes a revisar esa disposición.





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