La Defensoría participó del Segundo Congreso Internacional de Consumo y Turistas

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad estuvo presente en el Segundo Congreso Internacional de Consumo y Turistas, un evento que reunió a especialistas nacionales y extranjeros para debatir sobre las problemáticas actuales en las relaciones de consumo y la actividad turística. El encuentro, organizado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor porteña entre los días 16 y 18 de marzo, se llevó a cabo en el marco de la Semana del Consumidor y del Usuario, establecida por la Ley 1463 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante las jornadas se abordaron ejes fundamentales como las políticas de protección gubernamental, el rol de las asociaciones de consumidores, el endeudamiento, los consorcios y el impacto de los ciberdelitos en los nuevos paradigmas del consumo. En este contexto, el director general de Derechos Ciudadanos de la institución, Norberto Darcy, expuso sobre el acceso al agua como derecho humano frente a la posibilidad de cortes totales por falta de pago, analizando los cambios introducidos por el reciente DNU 493/25 al marco regulatorio del servicio de aguas y cloacas.

Por su parte, el director de Consumidores y Administrados, Gerardo Gullelmotti, centró su disertación en la compleja problemática de los planes de ahorro automotor, donde analizó la jurisprudencia actual y remarcó la necesidad de sancionar una nueva legislación que brinde mayores garantías a los suscriptores. Asimismo, Mercedes Adrogué, asesora de la Dirección de Derechos del Turismo, expuso sobre las herramientas de protección diseñadas para los turistas y detalló los obstáculos recurrentes que enfrentan los viajeros al momento de intentar ejercer sus derechos de manera efectiva.

La participación de la Defensoría en este congreso reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios en un escenario de constantes cambios normativos y tecnológicos. El evento permitió el intercambio de experiencias entre distintos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer las redes de asistencia y mejorar las políticas públicas destinadas a la protección de los sectores más vulnerables dentro del mercado de consumo.