Vuelven a pedir desalojo de terrenos en Lugano

La Unidad Fiscal en lo penal y contravencional del distrito sur volvió a pedir hoy el desalojo del predio tomado de Villa Lugano el cual fue tomado la semana pasada, y a raíz del cual ya hubo frustrados operativos.

El nuevo pedido del equipo de fiscales que interviene en la toma, fue hecho ante la jueza María López Iñiguez quien subroga el juzgado que ocupaba interinamente su antecesor Gabriel Vega.

El pedido fue hecho por los fiscales Luis Cevasco, Gabriel Unrein, Carlos Rolero, Jorge Ponce, y Martín López Zavaleta.

Ante la jueza invocaron cierta urgencia por el grado de contaminación alto que tiene el terreno tomado, y que constituye riesgo para los ocupas.

El pasado viernes y ante el pedido del fiscal Rolero, el juez Vega hizo lugar al pedido de desalojo y ordenó que el mismo se haga antes de las 19 horas, para que se haga en horario diurno, y que lo haga en cabeza de la Metropolitana.

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, ya había adelantado que no prestaría la colaboración de ninguna fuerza federal, y aseguró que el operativo debía ser facultado sólo de la Metropolitana.

El viernes el fiscal Rolero remitió oficios a Berni pidiendo la colaboración de Gendarmería o Policía Federal, y los mismos fueron negados, y al borde del horario límite para realizar el operativo la Metropolitana ensayó una suerte de desalojo que finalmente no se llevó a cabo.

Según explicaron fuentes del caso, la problemática de la Metropolitana en llevar a cabo el desalojo no es la falta de efectivos, sino el equipamiento que cuentan.

Ayer por la mañana se realizaron 5 allanamientos por orden de la fiscalía en domicilios y oficinas de quienes fueron individualizados como los principales organizadores de la toma del predio de Villa Lugano.

Según documentación secuestrada, los líderes de la toma comercializaban los terrenos a familias carenciadas a un valor de entre 8 y 20 mil pesos; y a la vez se encontró boletos de compra venta de lotes de terrenos en asentamientos precarios de la zona que datan de 2002.

La fiscalía identificó las tres patas de quienes organizaron la toma: el clan encabezado por el delegado Marcelo Chancalay; otro por Manuel Ríos y el tercero por la familia Giménez.