Derecho al Aborto no Punible

La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, María Rachid, presentó hoy junto a otros/as diputados/as, una iniciativa que se suma a otras ya presentadas para que finalmente se respete en todo el país, de manera efectiva, el derecho al aborto no punible establecido claramente en la legislación y jurisprudencia nacional.

La semana pasada tomó notoriedad el caso que involucra a una nena de 13 años abusada sexualmente, a quien se le negó la práctica de un aborto no punible en un hospital público de Moreno. Finalmente, la intervención se realizó respetándose así la legislación vigente y su derecho a disponer sobre su propio cuerpo.

Considerando este antecedente, mediante el proyecto se busca que «todas las provincias de la República Argentina procedan rápidamente a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos», tal y como lo indica la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L.

La motivación de esta iniciativa responde al compromiso que mantenemos con el cumplimiento real del derecho al Aborto No Punible ya que, a pesar de estar contemplado en la legislación, no sólo no se realiza adecuadamente en la práctica médica cotidiana, sino que en la mayoría de los casos los/as médicos/as solicitan autorización al Poder Judicial para impedir el ejercicio de este derecho. En este sentido, en noviembre último presentamos en la Ciudad otros proyectos vinculados a los protocolos de actuación respecto al secreto médico en el marco de la atención a pacientes que se presentaran con un cuadro que, presunta o evidentemente, indicara que se trata de un aborto legal en curso.

Al respecto, María expresó que «presentamos esta iniciativa porque nos parece necesaria la intervención de la Legislatura para (apoyar/convalidar) la implementación de un derecho humano de las mujeres establecido no sólo por la legislación penal, sino también por la Corte Suprema al sostener que la judicialización de un aborto legal constituye una práctica discriminatoria». Y finalizó: «A la fecha aún hay ocho provincias (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) que no han establecido ningún protocolo para abortos no punibles, mientras que otras como Salta, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires dictaron protocolos restrictivos que desobedecen los lineamientos marcados por la Corte Suprema».