El Ministerio Público Fiscal contra el acoso en las redes

Ciudad

Publicado: 19 / 07 /2018

El Ministerio Público Fiscal contra el acoso en las redes

(Ciudad)

El 8 de junio, una adolescente de 19 años de edad, denuncia ante la línea gratuita 0800-33-FISCAL del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ser víctima de amenazas.

La joven dijo que hace unos meses atrás había conocido a un hombre por redes sociales, de quien solo sabía el nombre de pila y que vivía en San Fernando. Le había enviado mensajes vía “WhatsApp” y vía “sarahah messages” en los cuales la amenazaba.

La Fiscalía N° 16, especializada en violencia de género, cuya titular es Claudia Barcia, tomó contacto con ella ese mismo día, concretando una entrevista para el martes 12 del mismo mes.

Una vez en la Fiscalía, la víctima relató que había recibido muchos mensajes vía “WhatsApp”, que la insultaba y la agredía mediante amenazas tales como “vas a sentir el infierno” o “hasta no meterte un codazo que te mande tres metros y te reviente la jeta…”, etc.

Como consecuencia de dichos mensajes ella decidió bloquearlo de todas la redes sociales pero él encontró la manera de seguir intimidándola a través del servicio de mensajes “sarahah messages”, aplicación a la que le mandó mensajes como “te voy a desfigurar”, “te voy a reventar las rodillas a patadas”, “espero que no tengas la suerte de encontrarme empastillado porque ahí no te puedo asegurar que te deje con vida”, “te voy a lastimar mucho”, “te jode si te piso con el auto? “hasta yo tengo miedo que se me vaya la mano e ir preso por homicidio”, entre otros mensajes que forman parte del objeto procesal de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.

A partir de ese momento, la fiscalía dispuso diversas medidas de investigación para ubicar al agresor. Ese mismo día, el 12 de junio, se pidió la titularidad del abonado desde el cual la denunciante había estado recibiendo los mensajes vía “Whatsapp”. Así se accedió al nombre completo, N° de documento y domicilio del agresor. Con esa información se consultó la base de datos NOSIS y dicho informe arrojó que el domicilio de éste se encontraba ubicado en la misma calle pero a una altura diferente de la obtenida primigeniamente. A su vez, se solicitó a RENAPER para que brinde datos filiatorios del denunciado y de sus progenitores, arrojando esta medida que el domicilio de éste y de sus padres era el mismo que el obtenido en la página NOSIS de la localidad de Virreyes, San Fernando. Además, la foto del informe del RENAPER comparada con las fotos de perfil de las redes sociales que usaba el imputado, parecía indicar que era la misma persona.

Una vez que se accedió a esos datos, se solicitó al Registro de la Propiedad del Automotor para que informe si el imputado o alguno de sus padres registraban autos a su nombre. Se logró determinar que, efectivamente, el padre del imputado tenía a su nombre un Renault “Clío” y que el agresor tenía una “cédula azul” de dicho vehículo, coincidiendo el domicilio con el informado por NOSIS y RENAPER.

De ese modo, a partir de la investigación se logró determinar la identidad del imputado. Antes de pedir el allanamiento, la fiscalía coordinó tareas de campo con la Subcomisaría de Ricardo Rojas, el destacamento de Villa La Ñata y la Comisaría 2 de San Fernando, Virreyes, PBA, ya que se determinó la existencia de más de una calle con el nombre informado entre las localidades San Fernando y Tigre.

Determinado el domicilio donde vivía el agresor, la fiscalía pidió al titular del Juzgado n° 19 que libre un exhorto a la Judicatura con jurisdicción en el domicilio del imputado para que se procediera al allanamiento del mismo, medida a la que se hizo lugar y que fue remitida al Juzgado de Garantías 1 de San Isidro el día 11 del mismo mes. Finalmente, con fecha 13 de julio de 2018, personal de la DDI de San Isidro procedió al allanamiento de la vivienda, encontrando al agresor y secuestrando teléfonos celulares y un CPU.

A partir de una rápida y sólida investigación de la fiscalía, se logró determinar la identidad del agresor y secuestrar la prueba necesaria para formularle cargos por el delito de amenazas.