Publicado: 06 / 03 /2014

Presentan denuncia contra funcionarios del PRO

(Noticias)

Los legisladores del bloque Verde-Alameda, Pablo Bergel y Gustavo Vera, y el legislador (MC) Facundo Di Filippo presentaron este miércoles una denuncia en la justicia penal contra los funcionarios PRO que permiten el uso de cientos de terrenos y espacios públicos para locales comerciales que no pagan canon o lo hacen a un monto ínfimo.

La denuncia penal por el delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (art. 174 inc. 5 del C.P.), recae sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de la gestión de los inmuebles sujetos a concesiones de uso y explotación. Esta denuncia se hace también extensiva a los eventuales cómplices y encubridores.

La mayoría de los terrenos usufructuados de manera ilegal por empresarios que tienen, según los legisladores, un estrecho vínculo con el macrismo son boliches en la Costanera Norte como Tequila, Pacha, Costa Salguero, Club Brisas, o en los llamados “bajo autopistas”. En muchos casos los predios tiene las concesiones y órdenes de desocupación vencidas desde hace años; en otros no abonan canon alguno por el usufructo del terreno y el monto que abonan es irrisorio.

En la denuncia se adjunta además un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad respecto de todas las irregularidades de la Dirección General de Concesiones (a cargo de Gabriel María Astarloa), que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, que encabeza Francisco Cabrera.

Los legisladores manifestaron ante la presentación de la denuncia que “es evidente el actuar discriminatorio del PRO frente a las ocupaciones con fines comerciales por parte de amigos, parientes y socios, y aquellas otras provocadas por la desesperación social de quienes padecen la injusticia de necesidades habitacionales insatisfechas (NHI).

Esto trasluce su criterio con sesgos de carácter prejuicioso y clasista a la hora de definir prioridades en la política de desocupación de inmuebles de propiedad del Estado. Del mismo modo, la retórica oficial en torno de la eficiencia de la gestión no se condice con la manera ruinosa con la que se administra el patrimonio del Estado en beneficio de sectores económicamente muy pudientes y ligados al poder político”.



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